Por: Lic. Manuel Maglioni Montalvo
Abogado postulante del Estado de Tabasco
En México hemos llegado a un punto en el que hablar de justicia resulta mucho más sencillo que obtenerla.
Tenemos una Constitución que reconoce derechos fundamentales, leyes que regulan prácticamente todos los aspectos de nuestra convivencia e instituciones creadas para garantizar el Estado de derecho. Sin embargo, hay una realidad que no podemos ignorar: para muchos ciudadanos, acudir a los tribunales significa enfrentarse a procedimientos largos, gastos constantes, incertidumbre y, en ocasiones, una desesperante falta de respuestas.
Como abogado postulante en el Estado de Tabasco, considero que uno de los problemas más importantes que debemos discutir en nuestro país no es solamente cómo reformamos nuestras leyes, sino cómo conseguimos que realmente se cumplan.
Porque debemos entender algo: una justicia que llega demasiado tarde puede terminar siendo una forma de injusticia.
No se trata de afirmar que todos los jueces actúan incorrectamente, que todos los ministerios públicos incumplen sus obligaciones o que nuestro sistema judicial carece de servidores públicos honestos y preparados. Sería irresponsable generalizar.
Se trata de reconocer que existen problemas estructurales que ninguna reforma debería pasar por alto.
Me pregunto, por ejemplo, ¿qué valor tiene para una persona obtener una sentencia favorable después de años de litigio, cuando durante ese tiempo ha sufrido consecuencias económicas, familiares o patrimoniales que difícilmente podrán repararse?
¿De qué sirve que una madre o un padre tenga reconocido el derecho a recibir una pensión alimenticia para sus hijos si debe promover constantemente para conseguir su cumplimiento?
¿De qué sirve presentar una denuncia cuando la víctima desconoce durante meses qué avances existen en la investigación?
Y también debemos preguntarnos: ¿qué sucede con una persona acusada de un delito cuando su presunción de inocencia parece perderse ante la opinión pública, incluso antes de que un tribunal determine su responsabilidad?
Estas preguntas no son menores. Son el reflejo de una discusión que México necesita afrontar con madurez.
EL VERDADERO PROBLEMA NO SIEMPRE ESTÁ EN LA LEY
El artículo 17 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
La disposición constitucional es clara.
Entonces, ¿por qué sigue siendo tan difícil que ese principio se traduzca en resultados oportunos?
Desde mi perspectiva profesional, una parte importante de la respuesta está en la manera en que funcionan los procedimientos, en la carga de trabajo de las instituciones, en los recursos disponibles y en la responsabilidad con la que cada autoridad desempeña sus funciones.
No basta con crear nuevos tribunales, modificar leyes o cambiar los mecanismos de designación de juzgadores. Es indispensable evaluar si esos cambios reducen los tiempos de resolución, mejoran la calidad de las sentencias y fortalecen la confianza de los ciudadanos.
¿QUIÉN RESPONDE POR EL TIEMPO QUE PIERDE EL CIUDADANO?
Hay una pregunta que considero particularmente incómoda y que pocas veces ocupa el centro del debate público:
¿Quién responde por los perjuicios que puede ocasionar una dilación judicial injustificada?
Cuando un ciudadano incumple una obligación legal, puede enfrentar consecuencias. Cuando una persona desobedece una resolución judicial, existen mecanismos para exigir su cumplimiento.
Pero cuando un procedimiento se prolonga injustificadamente, el ciudadano frecuentemente debe acudir a nuevos escritos, recursos o mecanismos de control para conseguir que su asunto avance.
Por supuesto, existen responsabilidades y medios legales para combatir determinadas omisiones de las autoridades. El problema es que ejercerlos también exige tiempo, conocimiento y, en muchas ocasiones, recursos económicos.
La justicia no puede depender de quién tiene mayor capacidad para soportar el desgaste de un procedimiento.
LA REFORMA JUDICIAL DEBE DISCUTIRSE POR SUS RESULTADOS
México atraviesa una transformación importante de su sistema judicial. Hay quienes consideran que la elección popular de personas juzgadoras puede fortalecer la legitimidad democrática y la rendición de cuentas. Otros advierten riesgos relacionados con la independencia judicial, la especialización y la influencia de intereses ajenos a la función jurisdiccional.
Ambas preocupaciones merecen discutirse con argumentos.
En mi opinión, el debate jurídico debe concentrarse en una cuestión fundamental: que cualquier modelo de justicia garantice personas juzgadoras preparadas, independientes, imparciales y comprometidas con la Constitución.
La impartición de justicia no puede reducirse a una competencia de popularidad ni tampoco convertirse en un espacio cerrado a la evaluación pública.
Quien ejerce la función jurisdiccional debe comprender que sus resoluciones afectan directamente la libertad, el patrimonio, la familia y el futuro de las personas.
Y quien cuestiona una resolución judicial debe hacerlo mediante argumentos y procedimientos legales, no mediante presiones o descalificaciones personales.
TABASCO NO ES AJENO A ESTA REALIDAD
En nuestro estado también debemos reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, las fiscalías y las instituciones encargadas de garantizar los derechos ciudadanos.
Los abogados postulantes tenemos una responsabilidad importante: señalar, con respeto y fundamento, aquellas situaciones que puedan afectar el debido proceso, la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa.
Pero también tenemos la obligación de actuar con ética, preparar adecuadamente nuestros asuntos y no atribuir automáticamente a las autoridades las consecuencias de nuestros propios errores procesales.
La justicia es una responsabilidad institucional, pero su correcto funcionamiento exige profesionalismo de todos los que participamos en ella.
MI REFLEXIÓN FINAL
No considero que México necesite leyes perfectas sobre el papel mientras los ciudadanos continúan enfrentando dificultades para hacer valer sus derechos.
Necesitamos instituciones que respondan, procedimientos que avancen, resoluciones debidamente fundadas y motivadas, y autoridades que comprendan que detrás de cada expediente existe una persona esperando una respuesta.
Porque para un tribunal puede tratarse de un número de expediente, pero para quien acude a solicitar justicia puede representar su patrimonio, la convivencia con sus hijos, su libertad o el resultado de toda una vida de trabajo.
El expediente puede esperar en un archivo; la vida de las personas no se detiene mientras esperan justicia.
Y quiero concluir con una pregunta que dejo abierta a la sociedad, a los abogados, a los legisladores y a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia:
¿Estamos reformando verdaderamente la justicia para beneficio del ciudadano o estamos concentrando nuestros esfuerzos en transformar las instituciones sin resolver los problemas que diariamente enfrentan quienes acuden a ellas?
La respuesta no debe encontrarse solamente en los discursos oficiales, sino en los resultados que puedan comprobar los propios ciudadanos.
Porque un país no demuestra la fortaleza de su Estado de derecho por la cantidad de leyes que promulga, sino por su capacidad para hacerlas cumplir, respetando la dignidad y los derechos de todas las personas.
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