Por: Lic. Manuel Maglioni Montalvo
Abogado Postulante del Estado de Tabasco
Hay una pregunta que muchas víctimas de un delito se hacen después de acudir a presentar una denuncia:
“¿Y ahora qué sigue?”
La pregunta parece sencilla, pero para muchas personas comienza, precisamente ahí, un verdadero laberinto.
Después de acudir a la Fiscalía, rendir una declaración y proporcionar información sobre los hechos, muchas víctimas regresan a su casa sin saber con claridad qué sucederá después, qué actuaciones realizará el Ministerio Público, qué pruebas pueden aportar o qué pueden hacer si consideran que su investigación no avanza.
Y aquí debemos detenernos.
DENUNCIAR ES SOLAMENTE EL PRINCIPIO
Presentar una denuncia no significa que el caso haya terminado. Por el contrario, representa el inicio de una investigación que, dependiendo de las circunstancias, deberá desarrollarse mediante distintos actos encaminados a esclarecer los hechos.
La víctima no debe pensar que su única obligación consiste en denunciar y esperar.
El Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce a las víctimas u ofendidos diversos derechos dentro del procedimiento penal, entre ellos recibir asesoría jurídica, aportar elementos de prueba, solicitar actos de investigación y conocer información relacionada con el desarrollo del procedimiento, en los términos establecidos por la ley.
Esto es fundamental.
La víctima tiene derechos y puede ejercerlos.
¿POR QUÉ MUCHAS VÍCTIMAS NO SABEN QUÉ HACER DESPUÉS?
Uno de los principales problemas es el desconocimiento.
Una persona puede acudir a denunciar un robo, fraude, amenazas, lesiones, violencia familiar o cualquier otro delito y desconocer completamente qué debe hacer posteriormente.
Puede tener fotografías.
Puede contar con videos.
Puede tener conversaciones de WhatsApp.
Puede conocer testigos.
Puede tener documentos, recibos, contratos, facturas, grabaciones o cualquier otro elemento que ayude a demostrar lo ocurrido.
Pero si desconoce que puede aportar esos elementos o solicitar determinadas diligencias de investigación, corre el riesgo de permanecer pasiva mientras espera que la autoridad descubra por sí sola toda la información necesaria.
Y debemos decirlo con claridad:
La investigación penal requiere participación, seguimiento y asesoría adecuada.
LA VÍCTIMA TAMBIÉN NECESITA UN ABOGADO
Existe una figura jurídica que muchas personas desconocen: el asesor jurídico de la víctima.
En ocasiones se piensa que solamente la persona señalada como probable responsable necesita un abogado.
No es así.
La víctima también tiene derecho a recibir asesoría jurídica para conocer y ejercer los derechos que le corresponden dentro del procedimiento.
El asesor jurídico puede orientar a la víctima respecto de las actuaciones que pueden solicitarse, los elementos que pueden aportarse y los mecanismos legales disponibles cuando considere que sus derechos no están siendo respetados.
Esto no significa que el abogado pueda ordenar al Ministerio Público cómo investigar ni garantizar un resultado determinado.
Significa algo mucho más importante:
que la víctima no tiene por qué enfrentar sola un procedimiento que muchas veces desconoce.
¿Y SI LA INVESTIGACIÓN NO AVANZA?
Esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes.
La respuesta no puede ser simplemente:
“No se puede hacer nada.”
En un Estado de Derecho, las decisiones de las autoridades deben encontrarse sujetas a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
La víctima tiene mecanismos jurídicos para hacer valer sus derechos cuando considere que existe una omisión o una actuación que afecta su esfera jurídica.
Pero también debemos ser responsables con la ciudadanía.
No toda denuncia necesariamente terminará en una orden de aprehensión, una vinculación a proceso o una sentencia condenatoria.
El Ministerio Público tiene la obligación de investigar con objetividad y debe reunir datos y elementos suficientes para determinar lo que jurídicamente corresponda.
Investigar no significa condenar.
Y exigir justicia tampoco significa desconocer los derechos de la persona señalada.
JUSTICIA PARA LA VÍCTIMA, PERO TAMBIÉN DEBIDO PROCESO
Aquí encontramos uno de los grandes retos de nuestro sistema de justicia.
La sociedad quiere seguridad.
Las víctimas quieren justicia.
Las autoridades deben investigar.
Pero, al mismo tiempo, toda persona señalada como probable responsable tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Estos derechos no son enemigos.
Por el contrario, forman parte de un mismo Estado de Derecho.
No podemos combatir la impunidad sacrificando los derechos fundamentales.
Pero tampoco podemos hablar de justicia si una víctima es ignorada o desconoce qué está sucediendo con su denuncia.
¿QUÉ DEBE HACER UNA PERSONA DESPUÉS DE DENUNCIAR?
Lo primero es conservar cuidadosamente el número de la carpeta de investigación y toda la documentación relacionada con el caso.
Después, debe organizar los elementos que puedan ser relevantes: fotografías, videos, documentos, mensajes, nombres y datos de posibles testigos, comprobantes, dictámenes y cualquier otra evidencia relacionada con los hechos.
También debe procurar conocer el estado que guarda su investigación y, cuando sea necesario, solicitar asesoría jurídica para determinar qué actuaciones pueden promoverse.
No se trata de presionar a las autoridades para obtener una condena.
Se trata de hacer valer los derechos que la propia ley reconoce a la víctima.
EL CIUDADANO NO DEBE TENER MIEDO DE PREGUNTAR
Hay una cultura que debemos cambiar.
Cuando una persona pregunta qué sucedió con su denuncia, no está molestando.
Cuando solicita información sobre su carpeta, no está haciendo algo indebido.
Cuando busca asesoría jurídica, está ejerciendo un derecho.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los mecanismos que existen para protegerla.
Y las instituciones tienen la responsabilidad de actuar conforme a la ley.
UNA REFLEXIÓN FINAL
Tal vez debemos dejar atrás la idea de que acudir a denunciar significa simplemente entregar un documento y esperar.
Denunciar es el primer paso.
Después viene la investigación.
Después, el seguimiento.
Después, la aportación de elementos.
Y, cuando corresponda, la intervención de los tribunales.
La justicia no consiste únicamente en castigar a quien resulte responsable.
También consiste en garantizar que la víctima sea escuchada, que sus derechos sean respetados y que la investigación se conduzca conforme a la ley.
Por eso, cuando una persona salga de una Fiscalía después de presentar una denuncia y se pregunte:
“¿Y ahora qué?”
La respuesta no debería ser:
“Espere y ya veremos.”
Debería ser:
“Estos son sus derechos, estas son las vías legales que tiene y estos son los mecanismos mediante los cuales puede dar seguimiento a su caso.”
Porque una ciudadanía que conoce sus derechos es una ciudadanía más difícil de ignorar.
Y porque en un verdadero Estado de Derecho:
LA JUSTICIA NO DEBE SER UN LABERINTO PARA QUIEN ACUDE A BUSCARLA..
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