Por el Lic. Manuel Maglioni Montalvo
Abogado postulante del estado de Tabasco
Pagar con tarjeta o desde el celular ofrece comodidad, facilita compras y evita cargar efectivo. Pero convertir esa opción en una obligación plantea una pregunta política: ¿quién gana poder cuando el ciudadano depende por completo del sistema financiero para utilizar su dinero?
Considero que México todavía no está preparado para prescindir del efectivo. Copiar modelos extranjeros sin resolver nuestras desigualdades podría dejar fuera a quienes carecen de cuenta bancaria, internet o conocimientos tecnológicos.
Además, una economía totalmente digital dejaría mayor rastro de nuestras operaciones y facilitaría su fiscalización. La preocupación frente al SAT es el equilibrio entre recaudar, proteger la privacidad y permitir que el contribuyente se defienda eficazmente de errores o excesos. Cumplir obligaciones fiscales no debería significar vivir bajo sospecha.
También debemos pensar en los intentos de obtener embargos mercantiles mediante documentos falsificados o deudas simuladas. Si todo nuestro dinero estuviera en cuentas, una afectación indebida podría comprometer el sustento familiar mientras se combate judicialmente.
¿Y qué ocurriría durante una falla tecnológica, un fraude o un bloqueo erróneo? Tener dinero y poder disponer de él podrían convertirse en cosas distintas.
El gobierno debe garantizar acceso, seguridad, defensa efectiva y libertad de elección. La modernización debe medirse también por la protección que ofrece al ciudadano frente a bancos y autoridades.
Antes de pensar en desaparecer el efectivo, México debe demostrar que puede proteger a quien depende de él.
Si cada peso queda registrado y su uso depende de intermediarios, ¿estaremos ganando comodidad a cambio de perder autonomía?
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