Por Gladys López
Plumazo Digital
Villahermosa, Tabasco.-No fue una mañana cualquiera en el Congreso del Estado de Tabasco. El clima, sin excesos —ni el calor que asfixia ni la frescura que distrae—, parecía acompañar la solemnidad de una sesión que avanzaba entre protocolos, listas y formalidades, pero que terminaría tocando fibras profundas: las de la memoria, el dolor y la lucha de las mujeres.
Las curules se fueron ocupando por diputadas y diputados de distintas banderas políticas. Desde la Mesa Directiva, El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tabasco (LXV Legislatura) Marcos Rosendo Medina Filigrana. invitó a ponerse de pie para dar inicio a la sesión ordinaria. El saludo al público presente recordó que ese recinto no es un espacio aislado del mundo, sino un lugar donde la vida de miles de mujeres se traduce —o debería traducirse— en leyes.
El orden del día siguió su curso hasta que la palabra llegó al diputado local, Dr. Elías Othoniel Abtanaim Madera Cordero, integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura. Al subir a tribuna, lo hizo bajo el marco simbólico de un año legislativo que honra a Margarita Maza Parada, mujer que representa dignidad, resistencia y firmeza histórica.
La iniciativa que presentó no fue una más. Propuso reformar y adicionar el artículo 8 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para nombrar violencias que durante años han sido vividas, pero no siempre reconocidas: la violencia digital, la violencia mediática y la violencia ácida.
Nombrar importa. Nombrar salva. Nombrar rompe el silencio.
Desde tribuna se escuchó una verdad incómoda: la violencia contra las mujeres no es accidental ni aislada; es estructural, cotidiana y sostenida por desigualdades históricas. Durante demasiado tiempo —se dijo— a las mujeres se les pidió callar, soportar, normalizar el miedo y la humillación. No porque quisieran, sino porque la ley no siempre estuvo de su lado.
El recinto guardó una atención especial cuando se evocó el nombre de María Elena Ríos Ortiz. Su historia, marcada por un ataque con ácido que buscó destruir no solo su cuerpo sino su identidad, es también una historia de resistencia. De una mujer que se negó a desaparecer, que convirtió el dolor en voz y la herida en causa. La llamada Ley Malena no nace del privilegio, sino de la exigencia de justicia frente a la crueldad.
La violencia ácida —se explicó— no es solo una agresión física extrema; es un mensaje de terror, un intento de castigo ejemplar hacia las mujeres que se atreven a vivir con libertad. Cada ataque deja cicatrices visibles e invisibles, y cuestiona directamente la capacidad del Estado para proteger la dignidad humana.
Pero la iniciativa también puso la mirada en las violencias de nuestro tiempo. En los teléfonos, en las pantallas, en los medios. Ahí donde el acoso, la exposición no consentida, la cosificación y los estereotipos convierten los espacios digitales en territorios hostiles para las mujeres. Violencias que lastiman la intimidad, la seguridad y la libertad de expresión, y que muchas veces se minimizan por ocurrir “solo” en lo virtual.
La propuesta legislativa reconoce estas formas de agresión y establece que, cuando constituyan delitos, deberán ser consideradas agravantes, fortaleciendo la protección legal sin perder el enfoque de derechos humanos. Todo ello alineado con los compromisos internacionales del Estado mexicano, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
Legislar con perspectiva de género —quedó claro— no es una moda ni una consigna. Es una deuda histórica. Es entender que cada fracción de ley puede significar una vida protegida, una mujer acompañada, un agresor sancionado.
Cuando la iniciativa fue turnada al proceso legislativo correspondiente, el ambiente en el recinto ya no era el mismo que al inicio. Porque esa mañana, en el Congreso de Tabasco, no solo se discutieron reformas legales.
Se nombraron dolores.
Se reconocieron luchas.
Y se dio un paso —necesario y urgente— para que ninguna mujer vuelva a vivir en silencio.
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